El Ministerio Público, a
través del Fiscal Adjunto Provincial, Herbert Gonzalo Zegarra Bustinza, logró
que se sentencie por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego a 14 años y
10 años de pena privativa de la libertad a integrantes del Sindicato de
Construcción Civil, delito perpetrado en agravio del Estado.
La medida restrictiva fue dada por el Juzgado
Colegiado B de la Corte Superior de Justicia de Cañete en audiencia la misma
que se llevò a cabo en la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Justicia
de Cañete.
Los hechos materia del proceso penal sucedieron el 31 de mayo del 2012, al tenerse conocimiento que se iba a realizar una
marcha no autorizada por parte de integrantes del Sindicato de Construcción
Civil- Base Bujama – Mala.
Dicha
marcha fue promovida por el ex dirigente de construcción civil Jimmy Santos Avalos, al tomar
conocimiento de ello personal policial de la Comisaría de Mala, apoyados por
personal policial del DOES y CIRPOS – CAÑETE y otras comisarías de la zona,
interceptaron cuando intentaban fugarse en diferentes direcciones a Denis Fernández Tomas y Jhon Marcelino Esquivel
Nieto, interviniéndolos por separado de la manera siguiente:
A Denis FERNÁNDEZ TOMÀS, se
le intervino el día 31 de mayo del 2012, a las 9:05 horas en la Av. Marchand
S/N altura del lavadero de autos San Andrés de Mala, en circunstancias que
conducía el vehículo (modelo Caldina, marca Toyota, color blanco) de placa A8X-
457 se encontró un fusil marca STURM RUGER
& COMPANY .INC, Cal.223 MINI – 14, color marrón con negro y culata pegable
con dos cacerinas abastecidas con un total de 59 cartuchos sin percutir.
A Jhon Marcelino ESQUIVEL NIETO,
se le intervino el día 31 de mayo del 2012 a las 10:05 horas cuando
se desplazaba por la Av. Marchand con dirección hacia la Panamericana Sur,
altura del puente Totoritas (curva) a quien se le encontró 1 pistola
STAR-Echeverría España Cal. 6.35 de color plateado, con cacha de baquelita
color marrón, abastecido con 1 cacerina con 7 cartuchos sin percutir
Además, los imputados tendrán que pagar la suma de
tres mil y dos mil nuevos soles respectivamente como reparación civil a favor
del Estado.
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